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En el ámbito de la contratación pública en España, las prohibiciones para contratar juegan un papel crucial para asegurar la transparencia y la integridad en los procesos de licitación. Estas prohibiciones están establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), y son detalladamente reguladas en sus artículos 71, 72 y 73. Es fundamental que las empresas y profesionales del sector conozcan estas disposiciones para poder participar de manera efectiva en las ofertas públicas.
Concepto y Regulación
Los procedimientos de adjudicación de contratos públicos son los pasos que se siguen para seleccionar a un contratista que ejecutará un contrato del sector público. Existen varios tipos de procedimientos, cada uno con sus propias reglas y requisitos.
Referencias Legales
- Artículo 71 de la LCSP: Define los supuestos de prohibición de contratar.
- Artículo 72 de la LCSP: Regula la apreciación de prohibiciones por los órganos de contratación.
- Artículo 73 de la LCSP: Establece la competencia del Ministro de Hacienda y Función Pública en la determinación de prohibiciones.
Estas referencias son vitales para entender la aplicación de las prohibiciones y asegurar el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
El artículo 71 de la Icsp: Prohibiciones de Contratar
El artículo 71 de la LCSP enumera varios supuestos en los que una empresa o individuo no puede formalizar un contrato público. Entre estos se incluyen:
| Motivo de Prohibición | Descripción |
|---|---|
| Condenas por delitos graves | Haber sido condenado por delitos graves que afecten la moralidad y profesionalidad. |
| Infracciones graves | Sanciones por faltas muy serias en materia laboral, medioambiental o profesional. |
| Situación de insolvencia | Haber solicitado un concurso voluntario o encontrarse en situación de insolvencia. |
| Deudas con la administración | No haber cumplido con las obligaciones de pago de impuestos o contribuciones a la Seguridad Social. |
Autoridad que Impone la Prohibición
La LCSP establece dos formas principales de determinar las prohibiciones para contratar con el gobierno:
- Órganos de contratación: En algunos casos, los mismos órganos de contratación pueden apreciar y establecer el alcance y la duración de las prohibiciones en sus resoluciones.
- Ministro de Hacienda y Función Pública: Para otros supuestos, la decisión recae en el Ministro de Hacienda y Función Pública, quien actúa previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
Prohibiciones Determinadas por el Ministro de Hacienda y Función Pública
Para otros casos más complejos o de mayor impacto, la decisión sobre la prohibición de contratar es competencia del Ministro de Hacienda y Función Pública. Esta decisión se toma siguiendo un procedimiento formal y basándose en la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
Sujetos a los que se Aplica
La prohibición de contratar con las Administraciones Públicas afecta a diversos sujetos, tal como se detalla en el artículo 71 de la LCSP:
- Personas físicas: Individuos que hayan incurrido en las causas de prohibición.
- Personas jurídicas penalmente responsables: Empresas o entidades que han sido encontradas penalmente responsables.
- Administradores o representantes de personas jurídicas: Mientras estén en funciones, estos individuos también pueden estar sujetos a prohibición si la empresa a la que representan incurre en los supuestos.
- Otros casos previstos en la ley: Incluye diversas situaciones adicionales especificadas en la LCSP.
Es esencial comprender que el alcance y la duración de la prohibición pueden variar según la resolución que las declare. En algunos casos, estas prohibiciones pueden extenderse al sector público territorial.
Efectos y Duración de las Prohibiciones
Las prohibiciones de contratar entran en vigor una vez que la resolución que las decreta es firme y está registrada. A partir de entonces, las restricciones se aplican de manera inmediata.
El alcance y la duración de las prohibiciones son establecidos en la resolución correspondiente. Dependiendo del caso, estas prohibiciones pueden aplicarse también a niveles territoriales, afectando a regiones y municipios según lo indicado en la LCSP.
Conclusión
En España, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público regula detalladamente las prohibiciones para contratar con la administración. Estas normas son esenciales para garantizar que solo las empresas y personas que cumplen con altos estándares legales y éticos puedan participar en los procesos de licitación pública.
Las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP sirven para proteger la transparencia y la integridad en la contratación pública, asegurando que el sector público solo colabore con entidades responsables y confiables. Estas normas son aplicadas y vigiladas por diversos órganos, incluyendo los órganos de contratación y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y se extienden tanto a nivel nacional como regional.
Comprender y cumplir con estas disposiciones es fundamental para cualquier entidad que desee participar en la contratación pública en España. La diferenciación clara entre los roles y responsabilidades de los diversos actores en este proceso asegura que los principios de transparencia, igualdad y eficiencia sean respetados, fortaleciendo la confianza en el sistema de contratación pública del país.
