¿Qué es el recurso especial en materia de contratación?

El Recurso Especial en Materia de Contratación Pública (REMC) es un mecanismo administrativo que permite a los licitadores y otros interesados impugnar determinados actos relacionados con los procedimientos de contratación pública. Este recurso tiene como finalidad principal asegurar la legalidad, transparencia y objetividad de los procesos de contratación pública.

A través del Recurso Especial en Materia de Contratación Pública, se busca corregir cualquier irregularidad o infracción que pueda haber ocurrido durante el proceso de licitación, garantizando así la igualdad de trato y la competencia efectiva entre los participantes. 

Este recurso se origina a partir de la exigencia de la Unión Europea de establecer un procedimiento que sea rápido y eficaz, y que esté sujeto a la revisión por parte de un organismo independiente.

A lo largo de los últimos años, se ha evidenciado un progresivo aumento de la litigiosidad y en este sentido, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) ha destacado esta tendencia progresiva en la interposición de Recursos Especiales de Contratación.

En su informe de 2021 considera que la tendencia que se observa es de un aumento progresivo del número total de recursos que cada año se interponen debido en parte a las siguientes razones:

• La confianza que este mecanismo ha generado. 
• La rapidez en la resolución del recurso especial y la calidad de las resoluciones.
• La independencia apreciable en el funcionamiento del sistema.

A continuación, podemos ver los datos desde el año 2016 hasta el 2020 y se puede comprobar tal tendencia (obviando los datos de 2020 que se vio afectada por la paralización total de la Administración por el estado de Alarma):

Importancia del REMC en la Transparencia y Equidad de los Procesos de Contratación Pública

El REMC desempeña un papel crucial en la promoción de la transparencia y la equidad en los procesos de contratación pública. Su importancia radica en varios aspectos clave:

• Transparencia: El REMC permite a las partes interesadas supervisar y cuestionar las decisiones tomadas durante los procedimientos de contratación. Esto ayuda a asegurar que todas las decisiones se tomen de acuerdo con los principios de publicidad y concurrencia, evitando prácticas opacas o arbitrarias.
• Equidad: Al ofrecer una vía administrativa para impugnar actos que se consideren injustos o ilegales, el REMC contribuye a garantizar un trato justo para todos los participantes en el proceso de licitación. Esto es fundamental para mantener la confianza de los licitadores en el sistema de contratación pública y fomentar una competencia efectiva.
• Corrección de Irregularidades: La posibilidad de revisar y corregir decisiones erróneas o ilegales durante el procedimiento de contratación evita la adjudicación de contratos a licitadores que no cumplan con los requisitos legales, protegiendo así el interés público y el uso eficiente de los recursos públicos. Por ejemplo, puede impedir la exclusión de un licitador que haya sido excluido irregularmente o la posibilidad de impugnar unos pliegos que limiten la concurrencia. Así como la posibilidad de recurrir el desistimiento de un contrato por la Administración. 

Principales Características del Recurso Especial en Materia de Contratación

1. Potestativo: El REMC es de carácter potestativo, lo que significa que su presentación no es obligatoria. Las partes interesadas pueden optar por interponer directamente un recurso contencioso-administrativo en lugar del REMC si así lo prefieren.
2. Naturaleza Administrativa: Este recurso tiene una naturaleza administrativa, ya que su objetivo es solicitar la revisión de una resolución administrativa específica relacionada con el procedimiento de contratación.
3. Gratuito: La interposición del REMC es gratuita, no siendo necesario el abono de tasas o costes asociados para presentar este recurso.
4. Fin de la Vía Administrativa: La resolución del REMC pone fin a la vía administrativa. Esto significa que la decisión adoptada es firme y no puede ser objeto de otros recursos administrativos, aunque sí puede ser impugnada mediante un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales de justicia. Es directamente ejecutable.

Ámbito de aplicación

Los principales tipos de contratos y procedimientos sujetos al REMC incluyen:

• Contratos sujetos a regulación armonizada: Estos contratos, debido a su alto valor económico, deben cumplir con las normativas y directrices establecidas por la Unión Europea para asegurar la libre competencia y transparencia en todos los Estados miembros.
• Contratos subvencionados: Aquellos contratos que reciben financiación parcial o total de fondos públicos, lo que justifica un control adicional para asegurar que los recursos se utilizan de manera eficiente y conforme a la normativa vigente.
• Otros contratos determinados por la LCSP: Incluyen contratos de obras, suministros, servicios, concesiones de obras públicas y concesiones de servicios, siempre y cuando superen los umbrales económicos establecidos por la ley.

Limitaciones y Excepciones en su Aplicación

Aunque el REMC abarca una amplia gama de contratos y procedimientos, existen ciertas limitaciones y excepciones en su aplicación que se deben tener en cuenta:

• Contratos menores: Los contratos de escaso valor económico, denominados contratos menores, están generalmente excluidos del ámbito de aplicación del REMC. Estos contratos tienen un procedimiento de adjudicación simplificado debido a su menor impacto financiero y administrativo.
• Procedimientos específicos: Algunos procedimientos específicos pueden quedar fuera del ámbito del REMC debido a su naturaleza particular o a disposiciones legales específicas que establecen otros mecanismos de revisión y control. Estos pueden incluir, por ejemplo, procedimientos de emergencia o contratos adjudicados por razones de exclusividad.

Cuál es la normativa aplicable

El Recurso Especial en Materia de Contratación Pública (REMC) se encuentra regulado principalmente por LCSP. Esta ley tiene como objetivo principal modernizar y armonizar la normativa de contratación pública en España, asegurando la transparencia, la igualdad de trato y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

En lo que respecta al Recurso Especial en Materia de Contratación, la LCSP establece los siguientes aspectos clave:

• Ámbito de Aplicación: Define los tipos de contratos y procedimientos que pueden ser objeto de recurso especial, detallando los umbrales económicos y las características que deben cumplir.
• Procedimiento de Interposición y Resolución: Establece los pasos a seguir para la presentación, tramitación y resolución del recurso, incluyendo plazos y requisitos formales.
• Órganos Competentes: Designa los tribunales y órganos administrativos responsables de la resolución de los recursos, asegurando su independencia y especialización.

Umbral para la Interposición del REMC

Tipo de Contrato	Valor Estimado
Obras, concesión de obra o de servicios	Más de 3.000.000 €
Servicios	Más de 100.000 €
Suministros	Más de 100.000 €

Esta tabla especifica los umbrales de valor estimado para la interposición de Recursos Especiales en Materia de Contratación (REMC), diferenciando entre obras, concesiones y otros tipos de servicios y suministros.

En el caso de que el valor fuera inferior a 100.000 € se puede acudir al recurso ordinario, esto es, de alzada o de reposición.

Fases del Procedimiento de Contratación en las que es Aplicable

El Recurso Especial en Materia de Contratación Pública (REMC) se puede interponer en diversas fases del procedimiento de contratación, garantizando que las decisiones tomadas durante el proceso cumplan con la normativa vigente y los principios de transparencia y equidad. Específicamente, el REMC es aplicable en las siguientes fases:

1. Convocatoria del Procedimiento
   • Actos Recurribles: Publicación de anuncios de licitación, pliegos de condiciones y cualquier otra documentación relacionada con la convocatoria.
   • Momento de Interposición: Desde la publicación de los documentos hasta el cierre del plazo para la presentación de ofertas.
   • Motivos de Recurso: Inclusión de cláusulas discriminatorias, falta de transparencia en los criterios de adjudicación, entre otros.
2. Adjudicación Provisional y Definitiva
   • Actos Recurribles: Decisiones de adjudicación definitiva del contrato, no es posible impugnar la propuesta de adjudicación.
   • Momento de Interposición: Desde la notificación de la adjudicación provisional hasta 15 días después de la notificación de la adjudicación definitiva.
   • Motivos de Recurso: Errores en la evaluación de ofertas, adjudicación a licitadores que no cumplen con los requisitos, incumplimiento de los principios de igualdad y libre concurrencia.
3. Exclusión de Licitadores
   • Actos Recurribles: Decisiones de exclusión de licitadores del procedimiento de contratación ya que son actos de trámite que impiden la continuación del procedimiento.
   • Momento de Interposición: Desde la notificación de la exclusión hasta 15 días después o bien, pueden ser recurribles junto con la adjudicación en caso de no notificación individualizada del acto de exclusión. 
   • Motivos de Recurso: Exclusión injustificada o basada en criterios no previstos en los pliegos de condiciones.
4. Otros actos de trámite cualificados (admisión de un licitador, renuncia, desistimiento, etc.)
5. Modificaciones de los Pliegos y Condiciones
   • Actos Recurribles: Modificaciones sustanciales de los pliegos de condiciones o de los términos del contrato.
   • Momento de Interposición: Desde la publicación de la modificación hasta 15 días después.
   • Motivos de Recurso: Modificaciones que alteren significativamente las condiciones de la licitación, favoreciendo a ciertos licitadores o introduciendo condiciones desiguales.

Se debe tener en cuenta que estos plazo son los generales según la LCSP, pero existen plazos menores en la legislación navarra o para contratos financiados con Next Generation.

¿Qué Actos Pueden Recurrirse?

Actos Administrativos y Decisiones Sujetos a Recurso

El recurso especial en materia de contratación es aplicable a diversos actos y resoluciones que se detallan a continuación:

1. Anuncios de Licitación, Pliegos y Documentos Contractuales
   • Descripción: Se pueden impugnar los anuncios de licitación, los pliegos de condiciones y cualquier otro documento contractual que establezca las bases de la contratación.
2. Actos de Trámite en el Procedimiento de Adjudicación
   • Descripción: Son recurribles los actos de trámite que, en el proceso de adjudicación, decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o causen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
3. Acuerdos de Adjudicación
   • Descripción: Las decisiones de adjudicación del contrato a un licitador específico pueden ser objeto de recurso.
4. Modificaciones de contrato.
   • Descripción: La modificación del contrato puede ser recurrida. 
5. Formalización de Encargos a Medios Propios
   • Descripción: Encargos a medios propios que no cumplan con los requisitos legales establecidos.

Limitaciones en la Aplicación del REMC

Estos actos solo serán susceptibles de recurso cuando se refieran a:

• Contratos de Obras: Con un valor estimado superior a tres millones de euros.
• Contratos de Suministro y Servicios: Con un valor estimado superior a cien mil euros.
• Acuerdos Marco y Sistemas Dinámicos de Adquisición: Que impliquen la celebración de contratos de obras, suministro y servicios.
• Concesiones de Obras o Servicios: Con un valor estimado superior a tres millones de euros.
• Contratos Administrativos Especiales: Cuando, debido a sus particularidades, no sea posible fijar su precio de licitación, o cuando su valor estimado sea mayor a lo dispuesto para los contratos de servicios.

¿Existen Alternativas al REMC?

Para los actos dictados en procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas que no reúnan las condiciones citadas anteriormente, se podrá recurrir mediante los recursos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPAC) en combinación con la Ley 29/1998, de 13 de julio (LJCA).

Cómo se Tramita un Recurso Especial en Materia de Contratación (REMC)

El recurso especial en materia de contratación pública sigue un proceso específico para su correcta tramitación. A continuación, se detallan los pasos y procedimientos involucrados:

1. Iniciación del Procedimiento, Forma y Lugar de Interposición (Art. 51 LCSP)

El procedimiento se inicia con la presentación del recurso especial. Se debe cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 51 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en cuanto a la forma y el lugar de interposición del recurso.

2. Tramitación del Procedimiento (Art. 56 LCSP)

Una vez interpuesto el recurso, se lleva a cabo su tramitación de acuerdo con lo establecido en el Artículo 56 de la LCSP. Este proceso incluye la revisión de la documentación presentada, la práctica de las pruebas necesarias y cualquier otra actuación requerida para resolver el recurso.

3. Efecto Suspensivo del Procedimiento de Adjudicación (Art. 53 LCSP)

Durante el proceso de tramitación del recurso, se puede solicitar el efecto suspensivo del procedimiento de adjudicación conforme al Artículo 53 de la LCSP. Esto implica la suspensión temporal de las actuaciones relacionadas con la adjudicación del contrato hasta que se resuelva el recurso.

4. Resolución del Recurso (Art. 57 LCSP)

Una vez concluido el proceso de tramitación, se emite una resolución sobre el recurso interpuesto, conforme al Artículo 57 de la LCSP. Esta resolución determina la procedencia o no del recurso, así como las medidas a adoptar en caso de estimación del mismo.

5. Causas de Inadmisión del REMC (Art. 55 LCSP)

Existen determinadas causas por las cuales el recurso especial puede ser inadmitido, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 55 de la LCSP. Estas causas pueden incluir la falta de cumplimiento de los requisitos formales o la falta de legitimación del recurrente, entre otras.

6. Interposición de Multas (Art. 58.2 LCSP)

En algunos casos, se pueden imponer multas en relación con la interposición o tramitación del recurso especial, según lo dispuesto en el Artículo 58.2 de la LCSP. Estas multas pueden aplicarse en caso de actuaciones temerarias o dilatorias por parte del recurrente.

Documentación necesaria para la interposición y tramitación

La documentación puede variar según las circunstancias específicas de cada caso y las disposiciones establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Sin embargo, en términos generales, se suelen requerir los siguientes documentos:

1. Escrito de Interposición del Recurso: Este documento es fundamental y debe contener la exposición detallada de los motivos por los cuales se impugna el acto administrativo o la decisión adoptada en el procedimiento de contratación. Se debe incluir la identificación del recurrente, la descripción clara y precisa de los hechos objeto de impugnación, así como los fundamentos jurídicos que sustentan el recurso.
2. Pruebas y Documentación Justificativa: Es importante respaldar las alegaciones realizadas en el escrito de interposición con pruebas y documentación que sustenten los argumentos presentados. Esto puede incluir contratos, pliegos de condiciones, informes técnicos, correos electrónicos, comunicaciones escritas u otros documentos relevantes que evidencien las irregularidades o vulneraciones legales que se denuncian.
3. Acreditación de Representación Legal: Si el recurso es interpuesto en nombre de una persona jurídica o en representación de terceros, se debe acompañar la documentación que acredite la representación legal del recurrente, como poderes notariales o cualquier otro documento válido en derecho.
4. Otros Documentos Específicos: Dependiendo de la naturaleza del recurso y las circunstancias del caso, puede ser necesario incluir otros documentos específicos que sean relevantes para la resolución del procedimiento. Esto podría incluir informes periciales, certificados, actas de reuniones, entre otros.

Es importante que la documentación presentada sea clara, completa y esté debidamente organizada para facilitar su análisis por parte de los órganos competentes encargados de resolver el recurso. Además, se recomienda seguir las instrucciones y requisitos establecidos en la normativa vigente y cualquier otra disposición aplicable en el ámbito de la contratación pública.